La USO respalda cese de actividades de Asonal Judicial que se adelanta en todo el territorio nacional.

usoLa Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), con sede en Barrancabermeja manifestó en un comunicado que «apoya la justa lucha de los trabajadores de Asonal Judicial conformado por la Organización Nacional de Fiscales, la Corporación Nacional de Jueces y Magistrados, la Asociación Nacional de Técnicos Criminalistas del CTI y el Colegio de Jueces Administrativos.

 
Según el comunicado de la USO, «los trabajadores de la rama judicial reclaman una nivelación salarial, petición que no es nueva sino que tiene sus orígenes en la Ley # 4 de 1992 que le ordena al Gobierno nivelar los salarios de todos los empleados y jueces de la República, sin embargo, desde esa fecha sólo se han nivelado los magistrados de tribunal de acuerdo con lo que devengan sus pares de las Altas Cortes, dejando por fuera a los jueces especializados, de circuito y municipales, a sus equivalentes en la Fiscalía, (fiscales especializados, delegados ante jueces de circuito y municipales), y a todos los empleados en los distintos cargos de los juzgados. Es decir, salarialmente está sin nivelar la gran base judicial del país».
 
Esta nivelación, según cálculos de ASONAL, tiene un costo de $ 758 mil millones. Sobre su reconocimiento ya hubo acuerdo en la Comisión Nacional Interinstitucional, del que hace parte el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia. Al respecto se acordó que ese monto fuera diferido en tres cuotas anuales hasta 2015. Sin embargo, el Gobierno no asignó para ello ninguna partida en el presupuesto del 2013.
 
LOS SALARIOS NO SON EL ÚNICO PROBLEMA DEL PODER JUDICIAL.
 
Si bien el problema de la nivelación salarial es el más álgido, no es el único ni el menos urgente.
 
Las organizaciones de trabajadores al servicio de la justicia exigen también que no se recorte el presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial, que para el año próximo, incluso, rebajó con respecto al presupuesto de este año. Para el 2013 será de $ 200 mil millones, cuando el gobierno había anunciado que lo subiría a $ 300 mil millones.
 
Y esa reducción presupuestal repercute en el mal funcionamiento del sistema judicial.
 
«Muchos juzgados del país carecen de tecnología computarizada, ni siquiera gozan del servicio de la Internet, hay máquinas obsoletas, deficiente papelería y condiciones sanitarias e higiénicas que dejan mucho qué desear. Además el sistema oral presiona con exigencias locativas y tecnológicas. En ese sentido se espera que el Gobierno cumpla con el anuncio de girar $ 130 mil millones adicionales para la construcción y dotación de las nuevas salas de audiencias», denuncia la USO en su respaldo e las peticiones de los trabajadores de la justicia en Colombia.
 
Otro de los efectos de la implementación del nuevo sistema oral son los horarios extendidos, lo cual ha incrementado los problemas de salud ocupacional. De ahí la exigencia de que se creen ciertas diferencias horarias para que los servidores de la justicia tengan su derecho al descanso; y que se les remunere los días dominicales y festivos laborados.
 
Además, exigen que se les respete la carrera judicial, tanto en la rama como en la Fiscalía; que desaparezca el Consejo Superior de la Judicatura; y que no se sigan nombrando jueces de descongestión por determinados períodos coyunturales, sino que se nombren jueces de base que atiendan toda la estructura de la rama, petición que la Unión Sindical Obrera (USO) dice compartir pues ello repercute en la deficiencia del servicio judicial atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la administración de justicia.

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