El director del PDPMM, Libardo Valderrama Centeno (SJ), en rueda de prensa llevada a cabo en la ciudad de Barrancabermeja, rechazó toda clase de señalamientos que les atribuyen maquinaciones fraudulentas, inventos de montajes o realización de conductas irregulares emanadas desde la Fiscalía General de la Nación con relación al caso de la Hacienda Las Pavas ubicada en el sur de Bolívar. El sacerdote afirmó que «las instituciones, organizaciones del país y los medios de comunicación deben ir con calma para emitir juicios y apreciaciones sobre el caso de Las Pavas», ya que según ellos, «se ha actuado con honestidad, transparencia y ajustados a la Ley».
¿POR QUE SE ORIGINO EL ESCANDALO?
La polémica se originó tras el pronunciamiento de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, quien aseguró que «no hubo desplazamiento forzado» contra las familias que ocupaban la finca Las Pavas, en El Peñón (Bolívar).
La veracidad del caso de las Pavas, en el que más de 120 familias habían asegurado ser víctimas de desplazamiento forzado en el año 2009, está en entredicho, tras una investigación de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino.
El motivo que dio pie a la investigación fue la declaración de Pedro Moreno, uno de los hombres que supuestamente habría sido desplazado, pero quien dos años después se retractó y pidió perdón porque, según él, «nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas».
Las denuncias de la Fiscalía sobre un nuevo caso de «víctimas falsas», esta vez en la entrega de la finca Las Pavas a 123 supuestas familias desplazadas, puso en el debate la información oficial en la que se basó no solo el apoyo que organizaciones dieron a los supuestos desplazados, sino también un fallo de la Corte Constitucional que ordenó entregar la tierra.
Según la Fiscalía, Rafael Cárcamo, un ingeniero agrónomo que trabajaba para el Ministerio de Agricultura, sería también pieza fundamental en la supuesta trampa que terminó con la entrega de esa finca de El Peñón (Bolívar), que vale unos 1.600 millones de pesos, a familias a las que supuestamente los ‘paras’ sacaron.
Campesinos de la zona le han dicho a la Fiscalía que Cárcamo fue quien solicitó la extinción de dominio de Las Pavas argumentando que su dueño era primo de Pablo Escobar, lo que no era verdad.
El ingeniero ya fue interrogado por la Fiscalía. Dijo que miembros de la ONG Asocab, a los que vio vestidos de camuflado, le pidieron usar sus contactos en Barranquilla y Cartagena para iniciar el proceso de extinción de dominio de la finca al ganadero Jesús Emilio Escobar.
Testimonios como ese llevaron a la Fiscalía a señalar que en Las Pavas no hubo desplazamiento ni incursión ‘para’ y que lo que se dio fue «un montaje» para que los invasores se quedaran con la finca.
El organismo señala, citando a sus testigos, que varias ONG, entre ellas el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, «puso su departamento jurídico a orquestar dicho montaje». Menciona al sacerdote Francisco de Roux como director de ese programa. La Fiscalía relaciona a profesores de la Universidad Javeriana como «asesores permanentes» de los demandantes.
¿QUE RESPONDE EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO?
La Junta Directiva del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, brindó su respaldo incondicional a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB, frente a la providencia proferida por la Unidad de Desplazamiento de la Fiscalía Regional de Cartagena, donde se indica que en la finca Las Pavas no existió desplazamiento forzado.
Según el sacerdote Francisco de Roux Rengifo, quien concedió declaraciones a varios medios de comunicación del país manifestó que, «la providencia se recibe y se entiende como el inicio y no el final de un proceso judicial, en donde todavía no se ha clarificado ni desmentido la verdad de los hechos, es una decisión que aún no sido controvertida en las instancias judiciales correspondientes, a quien acudirán de manera oportuna para sustentar la información que han recopilado en el acompañamiento del caso».
Recordó el sacerdote que los campesinos de ‘Las Pavas’, como afirmó el Ministerio de Agricultura y el Incoder, fueron reconocidos desde el gobierno anterior como víctimas de desplazamiento forzado por Acción Social y tienen a su favor medidas de protección de tierras. «El registro de estas personas como población desplazada se produjo como consecuencia de un proceso adelantado por Acción Social en la cual se evalúa la veracidad de los hechos referidos», dijo Roux.
Francisco de Roux dejó entrever su preocupación de que en el país se esté diseñando una estrategia para desvirtuar la legitimidad de las demandas de las víctimas y los desplazados. Compartimos la preocupación del Ministerio de Agricultura y el Incoder cuando afirman, «que les parece peligroso y que ojalá no sean malintencionados en utilizar este episodio de la providencia tomada por la fiscal de Cartagena para descontextualizar o tejer un manto de duda sobre la estabilidad jurídica y el respecto al Estado de Derecho con que se va a aplicar rigurosamente la ley de víctimas y restitución de tierras», dijo.
Posteriormente miembros del PDPMM aclararon que se ha querido comparar el caso de Mapiripán con el de Las Pavas, que son diferentes y contrarios. «Primero porque Mapiripán fue un proceso contra el Estado colombiano, en el que se le obligó pagar al estado $15 mil millones de pesos. En este caso (Las Pavas) no se le está pidiendo nada al Estado, los campesinos no le están pidiendo dinero, y las organizaciones que hemos venido acompañando a los campesino lo único que hemos querido es que se proteja la verdad y el derecho de los pobres. Nadie ha recibido ningún peso».
Finalmente dijeron que el ministerio de Agricultura ha reconocido que las instituciones del Estado se han prestado, en muchas ocasiones, para despojar a los campesinos. «Somos el tercer país del mundo, después de Somalia y Haití en inequidad. Esto quiere decir que la gran riqueza del país está en unos pocos y la mayoría estás despojados», puntualizó el sacerdote Libardo Valderrama.
