Barrancabermeja Virtual se permite informar a sus lectores que, por cuenta de un error mecanográfico involuntario a la hora de transcribir la noticia relacionada con la sentencia judicial que ordena a Ecopetrol pagar un dinero a Foncoeco, se informó que la suma era de $ 6.600 millones de pesos, cuando en realidad, revisando el comunicado que emite la empresa y que aparece en su página web, el Tribunal Superior de Bogotá sólo ordena cancelar a Foncoeco $ 6.6 millones de pesos. Presentamos disculpas a nuestros lectores por esta falla que, repetimos, obedeció solo a una confusión a la hora de reproducir la noticia.
Ecopetrol es eximida de pagar multimillonaria suma a pensionados y ex trabajadores.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ha eximido en segunda instancia a Ecopetrol —empresa estatal colombiana— de pagar $541.833 millones a un grupo de pensionados y ex trabajadores agrupados en Foncoeco, en un pleito de 14 años.
Después de 14 años de pleito, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá –en segunda instancia- revocó la sentencia proferida en el 2005 por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá que ordenaba a Ecopetrol pagar la escandalosa suma de $541.833 millones a un grupo de pensionados y ex trabajadores agrupados en Foncoeco por concepto de utilidades de la Empresa entre 1962 y 1997 lo cual hubiera tenido graves consecuencias para la compañía y sus accionistas.
Historia del caso Foncoeco
La historia del caso Foncoeco, como se le conoce al pleito, se remonta a 1962.
Entre ese año y hasta 1975, la junta directiva de la petrolera concedió a sus trabajadores, de manera discrecional, una participación en sus utilidades. En ese periodo se apropiaron 55,8 millones de pesos que produjeron 24,2 millones de pesos en rendimientos.
Hechas las liquidaciones y pagos respectivos a los trabajadores de la época, quedó en poder de Ecopetrol un saldo de 3,2 millones de pesos. A partir de 1975 cesaron las apropiaciones para distribuir, pues legalmente la compañía quedó impedida para hacerlo.
Pero en 1997, dos décadas después de que se suspendieran los aportes, 28 ex trabajadores crearon el Fondo Cooperativo Multiactivo de Participación de Utilidades de los Ex trabajadores y Trabajadores de Ecopetrol (Foncoeco), registrado ante la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, cuyo fin era ser reconocidos por Ecopetrol y reclamar los recursos.
El Fondo reclamaba entonces no solo el saldo restante sino que demandó que se debían incluir las ganancias con sus respectivos rendimientos hasta 1997.
A lo largo de estos años Foncoeco realizó una campaña dirigida aumentar su base de afiliados (al menos 28.000), a los que les solicita un aporte económico con la promesa de que cuando se produjera el fallo el monto de recursos adeudado se iba a distribuir entre todos sus socios.
Incluso, el Fondo tiene una página web en Internet en la cual le da la bienvenida a los nuevos afiliados, los invita a seguir el procedimiento para inscribirse y les pide adjuntar la copia de la consignación que por $22.000 pesos debe hacerse en los bancos autorizados por ellos.
A pesar de que inicialmente un juez negó las pretensiones de la demanda contra Ecopetrol para obtener una rendición de cuentas por la participación de utilidades decretadas por la junta, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión y ordenó a la empresa en el 2003, presentar las cuentas.
Luego de varias acciones judiciales que escalaron hasta la Corte Suprema de Justicia, Ecopetrol presentó cuentas por $3,2 millones que fueron objetadas por Foncoeco que pidió un segundo peritaje en el 2005.
Este, ordenado por el Juez 23 Civil del circuito Bernardo Morales Casas, dio como resultado que Ecopetrol ya no debía pagar $3,2 millones sino $541.833 millones por participación en un 3 por ciento en las utilidades. Esto lo convirtió en el mayor pleito contra Ecopetrol y uno de los más grandes del país.
El temor era que una parte de las utilidades de Ecopetrol, de la que además de la Nación hoy son socios 370.000 colombianos, se fueran a los bolsillos de un grupo de ex trabajadores.
Una decisión así, además de ir en contravía de la legislación colombiana, era impresentable en el nuevo escenario de una Ecopetrol democratizada y con claros criterios de Gobierno Corporativo.
Para poner punto final a 14 años de pleito, el 22 de junio de 2011 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia proferida por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá que ordenaba pagar la escandalosa suma de medio billón de pesos, la cual tenía en vilo a los accionistas de la Empresa.
El Tribunal aceptó en su sentencia la posición jurídica sostenida por Ecopetrol desde cuando presentó su rendición de cuentas, según la cual éstas debían versar sobre los saldos no distribuidos de utilidades autorizadas por la Junta Directiva hasta 1975, monto que ascendía a $3,2 millones y que, traído a valor presente por el Tribunal desde diciembre de 1998, equivale a $6,6 millones.
